Ha sido una feliz coincidencia que la Pontificia Universidad Católica del Perú me haya propuesto colaborar con esta biblioteca jurídica a través de esta monografía sobre la contratación estatal, pues desde hace ya algunos años venía organizando y actualizando mis notas de clase y reflexiones académicas sobre esta interesante pero desatendida materia con el secreto propósito de consolidarlas en una obra académica. Por ello, este texto es resultado de reflexiones académicas forjadas en los últimos años asociadas con una práctica profesional intensa en el amplio campo de la contratación del Estado.

Indudablemente la contratación estatal es un fenómeno complejo que necesita ser abordado desde distintas profesiones, y la jurídica es solo una de esas perspectivas. Por ello esta visión no la agota como objeto de estudio, pues comprender la contratación del Estado en su génesis y funcionamiento de manera cabal implica conocer aspectos técnicos, económicos, de ingeniería y hasta de políticas públicas. En esta área del derecho administrativo cobran particular actualidad tres de las características modernas de nuestra disciplina: su función instrumental, su marcada tendencia pragmática y la tendencia al equilibrio.

El ordenamiento de los contratos estatales no configura una finalidad en sí mismo; por el contrario, tiene una función instrumental y teleológica, dado que es un instrumento jurídico que se requiere para conformar y ejecutar políticas para el cumplimiento de intereses públicos, mejor cobertura de servicios y funciones estatales, promoción de inversión, desarrollo de infraestructura, entre otros. El ordenamiento de los contratos estatales no es un conjunto de normas que asegure prerrogativas públicas e imponga cargas para los contratistas, sino un ordenamiento equilibrado que busca alcanzar el interés público pero sin extinguir el interés privado y articular las prerrogativas públicas indispensables con el resguardo de los derechos de los contratistas, como el debido proceso, equilibrio económico, igualdad, etcétera. A la vez, impone limitaciones a la propia administración pública en aras del Estado de derecho a través de la transparencia, libre competencia, procedimientos de selección, etcétera. Finalmente, el ordenamiento de las contrataciones estatales debe ser pragmático, útil y eficiente —de modo que no caiga en ritualismos formales, arbitrariedades o irracionalidades— para obtener el mejor valor por dinero en cada adquisición y que este redunde en alcanzar los propósitos de la gestión pública.

En este marco, esta obra tiene el acentuado propósito de poner a disposición de los lectores una fuente de consulta concisa, reflexiva y actual acerca de los principales temas de la contratación del Estado en el Perú, con la expectativa de ser un documento permanente que no esté asociado a un determinado marco legal. Confiamos haber alcanzado ese propósito, que esperaremos complementar con una obra más amplia en el futuro.

Finamente quiero testimoniar mi agradecimiento a mi colega y adjunta de cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora Zita Aguilera Becerril, por haber compartido conmigo reflexiones para seleccionar los temas que esta obra aborda y por su aporte en la investigación doctrinaria, en la formulación de los textos y en la dedicada labor de revisar las anotaciones de curso que nos sirvieron de base para la preparación de este libro.

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Fuente: Fondo Editorial PUCP