En el nuevo contexto internacional de la globalización, los Estados nacionales, como el Perú, organizan sus propios sistemas de justicia con principios, reglas, procedimientos y derechos reconocidos. Sin embargo, tales sistemas están obligados a observar estándares o compromisos internacionales en materia de derechos humanos, de cuidado del ambiente o de libre comercio.

A la vez, hay algunos rasgos comunes de la justicia en los Estados constitucionales democráticos sin los cuales no estaríamos frente a sistemas de justicia propios de un Estado de derecho (rule of law): la separación o equilibrio de poderes, la independencia judicial, la vigencia de los derechos humanos, la transparencia en la gestión pública, entre otros.

En otras palabras, en el Estado constitucional contemporáneo no podemos hablar de auténtica justicia sin equilibrio de poderes ni independencia judicial; lo contrario sería estar frente a un régimen autoritario, algo que lamentablemente no ha sido ajeno a la historia republicana de nuestro país ni a la de América Latina. Actualmente, en nuestro continente hay una suerte de conciencia interamericana de derechos que se ha plasmado no solo en las constituciones nacionales sino también en el derecho interamericano.

Impartir o administrar justicia es un poder público que los ciudadanos y ciudadanas hemos delegado en el Poder Judicial, así como en sus jueces y tribunales desde las revoluciones francesa y norteamericana. Como consagra el primer párrafo del artículo 138 de la Constitución, «[l]a potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes» (las cursivas son nuestras).

El origen histórico de este artículo es el artículo 242 de la Constitución española de Cádiz, de 1812, que inspiró no solo a las constituciones peruanas sino a las del resto de países hispanoamericanos que lograron su independencia en el siglo XIX. En el caso del Perú, la redacción de este artículo se ha mantenido muy parecida a lo largo de todas las cartas políticas que ha tenido en su vida republicana.

En consecuencia, en lugar de que los ciudadanos ejerzamos justicia por mano propia en defensa de nuestros derechos e intereses, hemos delegado ese poder en los tribunales y jueces para poder vivir en sociedad —se supone—pacífica y civilizadamente. Por ello, desalienta que el sistema de justicia aún funcione mal en nuestro país, salvo honrosas excepciones de jueces, fiscales y funcionarios que cumplen meritoriamente su labor, muchas veces en condiciones de precariedad y sin el debido apoyo de sus propias instituciones.

¿Por qué es tan importante el sistema judicial para una democracia? La justicia está estrechamente ligada a la protección de los derechos y de la seguridad, y a la realización del bienestar. Esto requiere gozar de derechos y condiciones de vida digna que todos los seres humanos deberíamos tener: seguridad, libertad e igualdad, pero también alimentación, salud, educación, vivienda, entre otros.

El primer párrafo del artículo 44 de la Constitución dispone que «[s]on deberes primordiales del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia [.. ,]».En tal sentido, constituye uno de los deberes primordiales del Estado peruano que el sistema de justicia contribuya al bienestar general de los ciudadanos y ello supone, entre otros aspectos, que reconozca o restituya debidamente derechos fundamentales, que lo haga en forma eficiente y que cuente con la confianza ciudadana.

Por ello, la justicia es tan consustancial a la democracia y a la vigencia de los derechos de las personas. Sin justicia no puede haber democracia ni pleno bienestar para los ciudadanos. En ocasiones, un buen juez es el recurso final que tiene un ciudadano para defender sus derechos, los cuales, considera, han sido vulnerados. Ciertamente, hay otras autoridades o funcionarios que también podrán brindar tutela a los ciudadanos (como los policías, las municipalidades o la Defensoría del Pueblo), pero los jueces son la instancia final.

De ahí la pertinencia de explicar, de forma sencilla, el sistema de justicia en el Perú en la colección «Lo Esencial del Derecho», dirigida a abogados, estudiantes y a personas interesadas por la buena marcha del respeto de la legalidad, los derechos fundamentales y la democracia en nuestro país. Se trata de un extraordinario esfuerzo con el que la PUCP busca contribuir no solo a la formación jurídica sino también ciudadana.

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Fuente: Fondo Editorial PUCP